Nuevo revés judicial a Texas. Un juez federal ha ordenado este viernes al Gobierno de Greg Abbott remover el muro flotante de boyas que colocó sobre el río Bravo, la frontera natural entre Estados Unidos y México.
La maniobra de Abbott, una de sus estrategias principales para reducir el flujo de inmigrantes en la zona, había sido duramente criticada por el Gobierno mexicano. Y también por la Administración de Joe Biden, que llevó a las autoridades texanas a los tribunales para forzarles a retirar la barrera, que ha sido criticada tanto por diplomáticos como organizaciones en defensa de derechos humanos. Se trata de la segunda derrota judicial de Texas en una semana. Otro juzgado determinó el miércoles que los agentes federales de la Patrulla Fronteriza pueden cortar el alambrado de púas instalado por la policía estatal.
La decisión fue adoptada por el Quinto Circuito de apelaciones ubicado en Nueva Orleans, Luisiana, un tribunal que suele dar la razón a las causas conservadoras. La orden requiere a las autoridades locales traer al lado estadounidense los 300 metros de boyas, la longitud de tres campos de fútbol, que han sido desplegados sobre el río. El fallo ha dado la razón a un tribunal inferior, que había llegado a la misma conclusión el juez David Ezra en septiembre. El Gobierno de Texas, uno de los más radicales en política de inmigración, había recurrido la decisión del tribunal, pues consideraban que el juez había errado.
Texas había argumentado que las partes donde se había desplegado la barrera flotante no estaban sujetas a la ley federal, sino a la local. Esto había sido disputado por Washington, que afirmaba que las boyas impedían el correcto patrullaje y entorpecían las operaciones en el río. La jueza Dana Douglas estuvo de acuerdo con el Gobierno federal. También afirmó en su fallo que el muro ha creado un “riesgo potencial a las vidas humanas”. En agosto, los cuerpos de dos migrantes ahogados fueron hallados entre las boyas, ubicadas entre Eagle Pass, en Texas y Piedras Negras, Coahuila. La Cancillería mexicana afirmó entonces que la estrategia de Abbott no solo violaba la soberanía mexicana sino que impactaba “la seguridad, integridad y derechos humanos” de los migrantes.
La decisión de este viernes no significa el punto final a la controversia entre Washington y Austin. El propio gobernador Abbott ha acudido a las redes sociales para dar a conocer que su Gobierno alargará el litigio, elevando la demanda a una instancia superior. “Iremos ante la Suprema Corte si es necesario para proteger a Texas de las fronteras abiertas de Joe Biden”, aseguró el mandatario. Abbott es un simpatizante de las draconianas medidas que Donald Trump impuso en la frontera durante su presidencia. Hace unos días, el gobernador respaldó al expresidente rumbo a la campaña presidencial de 2024. Lo hizo en un evento en Edinburg, una de las zonas que ha resentido el agudo incremento de inmigrantes en los últimos meses. Unas 400.000 personas han intentado cruzar por allí el último año, de acuerdo a las cifras oficiales.
El fallo de este viernes desnuda las tensiones que la política de inmigración de Biden ha provocado. En un voto particular, el juez Don Willet, quien fue llevado por Trump al Quinto Circuito, asegura que la decisión adoptada esta tarde no lima las asperezas que la medida ha causado con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Si el tribunal de distrito habría dado crédito a los argumentos de Estados Unidos, entonces habría ordenado quitar la barrera, no moverla”, asegura Willet.
Texas encajó otro revés judicial el miércoles. Alia Moses, una jueza de distrito, determinó entonces que los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden cortar los 48 kilómetros de alambre de púas que la policía texana colocó cerca de Eagle Pass para impedir el paso de inmigrantes. El fallo de Moses, una magistrada elegida al cargo por George W. Bush, fue más salomónico pues consideró que este sí puede ser efectivo para impedir la entrada de personas en otras partes de los 1.900 kilómetros que Texas comparte de frontera con México.
